El imperio (del plástico) contraataca

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a mediados de diciembre por violar el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que «una causa sea oída dentro de un plazo razonable». El ciudadano Martín Vicente Llavador presentó una demanda contra el plan urbano de Bocairent (Valencia), que afectaba a un terreno de su propiedad. Cuatro años después, fue rechazada. Europa tiró de las orejas a la lentísima justicia española. Una justicia que provocó que el asesino de la joven Mónica Tejedor, la joven asesinada de 34 puñaladas el 29 de agosto de 2007 en Madrid, estuviese dos años y medio esperando juicio.
La ministra de cultura española, Ángeles González-Sinde, se ha sacado de la chistera de la improvisación una ley contra las descargas ilegales en Internet que permitirá cerrar webs en apenas cuatro días. Incluso webs que tengan un vínculo con presuntos archivos ilegales. Webs que, siendo puristas, podrían ser Google o Youtube. Un precinto express, todo hay que decirlo, que hará un poquito más farragosa la burocracia de la Audiencia Nacional, esa institución que se ocupa de asuntos tan nimios como el terrorismo, el narcotráfico o falsificación de moneda. Lo peor es que González Sinde ha cedido a las presiones de trasnochados creadores como Víctor Manuel que piensa que la medida llega tarde.
Mucho me temo que el que llega tarde al mundo digital es él. Víctor Manuel no tiene perfil en Myspace, esa red social fundamental para los músicos del siglo XXI donde yo escucho, como tantos, a grupos que no tienen distribución en España. Cuando busco en Myspace el perfil de Ramoncín, otro de los creadores-defiende-derechos que vive anclado en el pasado, me aparece un cuate mexicano. Tampoco tiene. Ni falta que le hace, pues no vive de crear música. Creo que ninguno de los dos ve con buenos ojos la modernidad y sus nuevos formatos. Recelan, intuyo, de Spotify, ese programa legal para escuchar música gratis en el que los autores cobran. Ni siquiera el Itunes, que vende canciones sueltas en formato digital. Dudo mucho que acepten a los músicos que distribuyen su música sin derechos de autor, como Maga Bo (que envia newsletter con el link para descargarse sus trabajos) o raperos super star como Jay Z (ofrece gratis la descarga de su último trabajo en Internet). Supongo que para ellos los artistas que están a favor del P2P (intercambio de archivos entre usuarios) son auténticos delincuentes. P2P, por cierto, que un juez de Barcelona acaba de considerar legal y desvincular de los derechos de autor.
Los Creadores Todos a Una, Sinde&Cia, en lugar de aliarse con la tecnología, de buscar fórmulas para hacer rentables las descargas e intercambios, se aferran a una ley innecesaria que da la espalda al progreso. Una ley que, según clava José Luis Perdomo, apenas beneficia el viejo formato, el contaminante plástico. Hace cuatro años, publiqué un reportaje en La Vanguardia titulado MP3 contra el imperio del plástico, el más fusilado de mi carrera, donde contaba el éxito de la discográfica brasileña Trama, que incentivaba el intercambio de archivos entre usuarios, hacía recopilatorios en MP3, lanzaba discos exclusivamente on line. The New York Times incluyó su web entre los diez sites culturales más influyentes del mundo. Grupos como Cansei de Ser Sexy hicieron gira por el Reino Unido sin ni siquiera haber publicado un álbum. El lema de Trama habla por sí mismo: «No vendemos plástico, trabajamos con música».

Lucrarse con el trabajo ajeno (ya sea en Internet o en el top manta) tiene que ser perseguido. Pero estamos hablando de otra cosa. De música, de compartir, de libertad, de nuevos formatos, de un nuevo medio (Internet) que ha quitado los privilegios a la industria. La señora Sinde debería ver el documental , Good Copy, Bad Copy, que aclara bastante la relación de los derechos de autor y el imperio del plástico. Una película hecha, señora ministra, sin subvenciones y gracias a las donaciones de los internautas.